Obra Pública en Santa Cruz
La fiscalía presentó las modificaciones de obra como “práctica sistemática de corrupción”. Los abogados defensores se sumaron a las recusaciones al fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu de la vicepresidenta, que se tramitarán de manera paralela al desarrollo de las audiencias.
La fiscalía retomó este martes por quinto día su alegato final en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y analizó modificaciones y extensiones de plazo que se autorizaron al grupo que encabezaba el empresario Lázaro Báez, y consideró que fueron utilizadas como “una práctica sistemática de la corrupción”.
“Las modificaciones de obra fueron utilizadas como una práctica sistemática de la corrupción”, sostuvo el fiscal Sergio Mola en la nueva audiencia que se realiza de manera virtual con las partes conectadas a la plataforma Zoom.
Al inicio de la jornada pasadas las 8.30 se informó que las defensas de los acusados exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del empresario Lázaro Báez y del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti se sumaron al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para apartar del caso al fiscal Diego Luciani y al juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu.
Además la defensa de otro acusado, el exsecretario de Obras Públicas José López anunció que también presentará un planteo de recusación, luego de publicarse fotos que mostraron a ambos funcionarios como parte de un mismo equipo de fútbol y disputando un encuentro en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri.
En tanto se resuelva este tema, las audiencias continuarán y ante ello comenzó a exponer el fiscal Diego Mola, quien dedicó esta parte del alegato a cuestionar modificaciones de obra autorizadas al empresas de Báez en 39 de los 51 contratos viales adjudicados “con excusas o pretextos para extraer ilícitamente más dinero del Tesoro Nacional”.
“Se pedían en momentos críticos, cuando las obras debían estar terminadas o próximas a terminar con el fin de postergar fechas de entrega, la modificación fue una herramienta para encubrir la incapacidad del grupo para hacer frente a la avalancha de obras que se les adjudicaba y para hacerse de la mayor cantidad de fondos públicos posible”, afirmó el fiscal.
Mola apuntó a la dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz “en connivencia con el contratista seleccionado y también de instancias superiores del Estado Nacional”.
“La subsecretaría de Obras Públicas a cargo de Abel Fatala, la secretaría de Obra Pública a cargo de José López y De Vido, y también me refiero a los presidentes de la Nación doctor Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, apuntó.
El fiscal sostuvo que “todos los cuales a través de compensaciones, reasignaciones y modificaciones de partidas de los sucesivos presupuestos nacionales aseguraron de manera permanente y constante el flujo de fondos hacia el contratista seleccionado”.
Este contratista, mencionó en relación a Báez, “mantenía estrechos vínculos personales y comerciales con ellos, los máximos responsables políticos de la administración general del país”.
La fiscalía también dedicó la quinta jornada de alegato a cuestionar las extensiones de plazos que recibieron las obras adjudicadas a Báez en Santa Cruz.
En uno de los casos la razón fue “nevadas tempranas en el mes de marzo” en Santa Cruz, “sin documentación alguna” para avalar ese motivo y argumentado cuando vencía el plazo para la entrega.
“En otra obra fue más de un año por fuertes vientos, escarcha y lluvia, otra fue por bajas temperaturas. Siempre se pedían cuando estaban por cumplirse los plazos, no en el momento. Todas eran excusas que carecen de razonabilidad”, enumeró.
También varias empresas del grupo adjudicatarias de diferentes obras entre 2008 y 2010 pidieron extensiones de plazo por la “situación financiera internacional”.
“Se trató de alegaciones dogmáticas que en ningún caso acompañaron documental alguna”, agregó el fiscal al remarcar que “ya ni se preocupaban por disimular”.
También se aludía al “factor climático y todos sabemos que las condiciones climáticas de la provincia de Santa Cruz son realmente adversas, bajas temperaturas todo el año, nevadas invernales”, interpretó.
“Estas condiciones climáticas no pueden tomar por sorpresa a nadie”, advirtió y sostuvo que “estaba contemplado en los pliegos de bases y condiciones” de las 51 obras adjudicadas al grupo Báez en ese período.
“Entre 2003 y 2015 no hubo ningún evento extraordinario acreditado como motivo razonable para pedir extensión”, concluyó.
El alegato continuaba a cargo del fiscal Luciani, quien remarcó que lo que se expone “es grave, es gravísimo, es un abuso de poder, todo esto se hizo para beneficiarlo a Lázaro Báez” y se basa el “análisis de la prueba” del juicio que lleva ya casi tres años.
Al presentarse ayer la recusación del fiscal y el juez por haber sido compañeros en un equipo de fútbol y jugado partidos en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri en la zona norte del conurbano bonaerense, los otros dos jueces Jorge Gorini y Andrés Basso resolvieron darle trámite “incidental”.
Las recusaciones se tramitarán de manera paralela al desarrollo de las audiencias que seguirán adelante.
Los cuestionados responderán a los planteos de las defensas y luego Gorini y Basso resolverán si aceptan o no apartarlos del caso.
En caso de rechazarse las recusaciones, el planteo podrá llegar hasta la Cámara Federal de Casación Penal.
Luciani ya anticipó que desea responder de manera oral durante la audiencia a los cuestionamientos mientras que Giménez Uriburu podría hacerlo por escrito.
Fuente: Télam