La respuesta de Argentina a la crisis de demanda de petróleo
Argentina está a punto de establecer un precio interno para el petróleo que se desacopla de los niveles internacionales, en la última de una serie de medidas para tratar de proteger su industria local de la crisis económica.
El presidente Alberto Fernández ha dicho a las autoridades de las provincias productoras de petróleo —que han estado presionando por tal medida durante semanas— que el Gobierno Federal está ultimando los detalles de la regulación, según la prensa local.
El llamado “barril criollo” congelaría el precio de las ventas locales de petróleo a un nivel de alrededor de US$45/b, o más del doble del valor actual de Brent en una estrategia similar a la congelación de los precios del petróleo y los combustibles promulgada el año pasado. Sin embargo, si bien esa medida se implementó para garantizar que los precios no aumentaran ni enfurecieran a los votantes, la nueva medida aseguraría que los precios no caigan a niveles internacionales, en un intento por proteger a las compañías y provincias productoras de hidrocarburos del desplome de la cotización del petróleo.
El barril criollo funcionaría de manera similar a un subsidio, aunque sería pagado por los consumidores de petróleo, desde los hogares hasta los productores industriales y el propio Estado. Las autoridades provinciales han sido sus principales lobistas, ya que sus ingresos se calculan como porcentaje de cada barril vendido. Las pymes de exploración y producción no integradas también han expresado su apoyo a la medida argumentando que es crucial para proteger la actividad productiva y los empleos.
Sin embargo, la medida podría afectar a las compañías integradas más grandes de la industria local, como la estatal YPF y Pan American Energy, ya que realizan operaciones de refinación a gran escala que tendrían que comprar crudo a un precio artificialmente caro, lo que ejercerá presión sobre sus márgenes.
Tampoco está claro qué efecto podría tener el barril criollo en un contexto en que la demanda de combustibles ha sido diezmada por las medidas de aislamiento obligatorio establecidas para combatir la pandemia de COVID-19. Según YPF, el mayor actor de petróleo y gas de Argentina, la demanda de combustibles se desplomó 70% en el peor momento de la crisis, durante la primera semana de la cuarentena nacional. Desde entonces, las medidas se han ido relajando.
La actual crisis económica de Argentina, la congelación de los precios de los combustibles y el petróleo del año pasado y un mercado del gas natural con exceso de oferta ya habían obligado a las empresas a recortar el gasto de capital y apuntar a objetivos de producción más bajos este año. En marzo, YPF dijo que reduciría su gasto de capital en US$700mn y moderaría el énfasis en la exploración, producción de gas y crecimiento de sus reservas. En abril cerró varios pozos en su bloque no convencional más productivo, Loma Campana, porque se estaba quedando sin espacio para almacenar crudo.
El nuevo y cambiante escenario —que tiene a Argentina al borde del impago de deuda soberana, a la economía del país paralizada por el COVID-19 y al precio internacional del petróleo por los suelos tras pasar de US$60/b a US$20/b— obligaría a las autoridades a evaluar una intervención en un momento en que es muy difícil medir con precisión el estado actual de la industria y mucho menos lo que sucederá el próximo año.
Las finanzas extremadamente deprimidas de Argentina, que busca un salvavidas entre sus acreedores, deja prácticamente fuera de la mesa a una de sus opciones históricamente predilectas: canalizar el gasto a subsidios. La administración actual ha tenido que retroceder en los subsidios implementados por la administración anterior de Mauricio Macri para incentivar la producción de gas no convencional en un contexto de precios bajos, y decidió suspender los pagos hasta una fecha no especificada.
El contexto adverso también le dobló la mano al gobierno en el frente de los proyectos de infraestructura de gran escala: el proyecto Tratayén-Salliqueló, uno de los oleoductos más anticipados del país, conocido como el oleoducto de Vaca Muerta, fue suspendido el mes pasado.
La Secretaría de Energía también decidió extender los contratos vigentes de suministro de gas entre productores y distribuidoras hasta el 30 de junio, con lo que se postergan las nuevas subastas que tradicionalmente se llevaban a cabo en febrero. Las licitaciones realizadas en los últimos dos meses para abastecer a generadoras han arrojado precios promedio inferiores a US$2 por millón de BTU (MBTU), significativamente más bajos que los US$3,5/MBTU del año pasado, ya considerados demasiado bajos por la industria.
Fuente: https://www.revistapetroquimica.com/la-respuesta-de-argentina-a-la-crisis-de-demanda-de-petroleo/