Incertidumbre en la construcción de la línea de transmisión “colectora” en Colombia

“Si nosotros no logramos el licenciamiento de la línea en el año 2020, va a ser muy difícil construir 470 kilómetros en 2021 y 2022”, advirtió Juan Jacobo Rodríguez, gerente de Planeación y Transmisión del Grupo Energía Bogotá (GEB).

El ejecutivo se refirió a la obra en 500 kV “Colectora – Cuestecitas – La Loma», que permitirá despachar la energía que generen los seis proyectos eólicos adjudicados en la subasta a largo plazo de energías renovables, todos ubicados en La Guajira.

Durante su exposición en el evento Colombia Wind Power, organizado por la GWEC y SER Colombia, Rodríguez apuntó contra las autoridades de Gobierno, responsabilizándolas de estos posibles atrasos, que ya han hecho que la fecha de montaje se corriera de enero a noviembre del año 2022.

“Venimos trabajando con todas las comunidades y autoridades para lograr que este proyecto sea una realidad. Con las comunidades (originarias) nos ha ido bien; sin embargo, no hemos podido avanzar con el licenciamiento ambiental porque no hemos recibido la certificación por parte del Ministerio del Interior, y eso nos ha atrasado el proyecto ya un año”, lamentó el gerente del GEB.

Este pronóstico es una de las mayores preocupaciones que hoy tienen las empresas adjudicatarias de los parques eólicos a montarse en La Guajira, que requerirán de estas obras eléctricas para despachar los más de 1.000 MW seleccionados.

Si la construcción de la línea Colectora se llegase a retrasar uno o dos años más de lo previsto, generaría grandes problemas para las compañías adjudicatarias. Más aún si se tiene en cuenta las características del contrato: a 15 años, en pesos colombianos y a precios por debajo de los 30 dólares por MWh.

Según pudo saber Energía Estratégica, este cuadro de incertidumbre en la fecha de entrada en operación de “Colectora” ya está impactando en los diálogos entre las empresas y las entidades bancarias al momento de hablar del financiamiento de estos proyectos.

Responsabilidad estatal

Durante su discurso, Juan Jacobo Rodríguez explicó el desafío que implica el desarrollo de una línea eléctrica como Colectora, no tanto desde lo técnico sino más bien desde lo ambiental.

El proyecto deberá contar con el visto bueno de 208 comunidades Wayuu y de 4 municipios: Uribia, Manaure, Maicao y Albania.

Sin embargo, el gerente de Planeación y Transmisión del Grupo Energía Bogotá (GEB) se encargó de dejar en claro que desde la compañía están llevando a cabo todas las gestiones posibles por acelerar las obras, pero que es el Estado el que no avanza.

Indicó al respecto: “con algunas comunidades ya tenemos acuerdos firmados. Simplemente estamos pendientes de esas certificaciones para poder avanzar en los Estudios de Impacto Ambiental”.

En ese sentido, el directivo dio algunos ejemplos de atrasos concretos que habían tenido con obras eléctricas pasadas.

Señaló que para la construcción de la línea Betania – Jamondino, en el año 2005, “para el diagnóstico ambiental de alternativas, el tiempo que determinaba el decreto (1220) era de 55 días, pero nos tomamos 133 días: tres veces lo que dice la norma”.

“En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la norma de ese momento habla de 112 días, nos tomamos 330”, lamentó.

Acto seguido apuntó sobre un proceso aún más lento, el de la obra Chivor II-Norte. “En la norma hablamos de 72 días hábiles pero nos demoramos 722 en mejorar esa etapa: 10 veces lo previsto”.

Y remató que para el EIA Decreto 1076 exige un tiempo de demora de 112 días hábiles, pero que ya han pasado más de 1.180 días y que aún no fue entregada.