Bullrich relanza el protocolo para el empleo de armas de fuego de las fuerzas federales

La ministra expresó su “compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen” al comunicar el reestablecimiento de la vigencia de la norma que había sido suspendida durante por Alberto Fernández. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará hoy la presentación del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que reestablecerá la vigencia de la norma que había sido suspendida durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La presentación se realizará a las 15 en la sede de la cartera, ubicada en Gelly y Obes 2289, y Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.

Con el restablecimiento del denominado “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, la ministra expresará su “compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen”, se informó en un comunicado.

La normativa fue dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y fue dejado sin efecto por la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó durante su gestión en el gobierno de Fernández.

En declaraciones a la radio Rock & Pop, la ministra sostuvo este miércoles que “las fuerzas de seguridad en una cantidad de lugares del país hoy están total y absolutamente indefensas” por lo que durante la presentación del protocolo van a dar cuenta de “la falta de proporcionalidad” que sufren actualmente.

“Cuando la Prefectura Naval en una embarcación no puede llevar armas largas y le tiran desde la costa de enfrente que es otro país o se le acercan a la embarcación y se la tirotean. ¿Qué hacen? Se tienen que tirar cuerpo a tierra porque no pueden defenderse ni hacer nada”, ejemplificó.

Además criticó que con la derogación del protocolo se les prohibió “el uso de armas sobre todo en zonas de fronteras”, función que va a reestablecerse.

Por su parte, la exministra Sabrina Frederic se manifestó en contra de que el protocolo sea reestablecido ya que advirtió que permitiría que “las Fuerzas de Seguridad hostiguen a la población sin causa” y criticó la resolución que propone “lo que técnicamente se llaman ejecuciones extrajudiciales” para que la policía actué “frente a situaciones que tienen un margen de ambigüedad”.

“Es una pena de muerte encubierta. No solo vulnera la protección que la Constitución y el Código Penal, sino que va contra la propia fuerza de seguridad porque las obliga a actuar contra el Código Penal. La justicia debería poner freno a este tipo de resoluciones”, remarcó Frederic en declaraciones a radio AM 750.

Para la exministra, Bullrich busca reestablecer el protocolo tras “la caída del proyecto de Ley Ómnibus” donde se contemplaban modificaciones al código penal.

“Este te diría que es el peor de los protocolos de Bullrich que derogamos porque enmarcaba las acciones de las fuerzas de seguridad en la legitima defensa forzando y yendo contra el Código Penal“, añadió.

El restablecimiento del protocolo fue también cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma “que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil”.

“Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales”, indicó la Correpi en un comunicado.

El 12 de enero pasado, Bullrich recibió al expolicía Luis Chocobar, condenado por matar a un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017.

En el encuentro hablaron sobre planes para “modernizar y adaptar” la legislación del Código Penal para “garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública”.

Fuente: Télam