Coparticipación: Nación quiere pagar con bonos y CABA rechaza

El presidente Fernández dijo que sí cumplirá con el fallo de la Corte Suprema y adelantó que usaría bonos. Esa vía no es aceptada por Rodríguez Larreta. Además el Poder Ejecutivo propondrá reformar la ley de coparticipación en extraordinarias.

Una vez más el presidente Alberto Fernández cambió de opinión. Esta vez podría decirse que por suerte recapacitó. Por sus redes sociales anunció que acatará el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a restituir parte de los recursos provenientes de la coparticipación federal que le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires. El jueves se armó un revuelo político e institucional cuando impulsado por el gobernador Jorge Capitanich y otros mandatarios, adelantó que desconocería la decisión del superior tribunal.

El pago lo hará a través de bonos, en vez de la transferencia directa de pesos que es habitual. Este cambio implica que el gobierno porteño deberá vender los bonos si quiere tener liquidez para hacer frente a sus obligaciones. La Ciudad de Buenos Aires (CABA) rechazó esa vía.

El Presidente indicó en un hilo de tuits que “los bonos consignados [TX31], ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe”. Y agregó: “Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.

Sin embargo, hay dos diferencias significativas con el pago a Santa Fe y el actual a la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, porque el Gobierno le pagó a esa provincia con bonos una deuda generada en el pasado; es decir, un stock, cuando ahora debe girar a la Ciudad un flujo diario.

La segunda diferencia es que el pago en bonos a Santa Fe surgió luego de un acuerdo entre el exministro de Economía Martín Guzmán y aquella provincia, que luego fue homologado por la Corte Suprema. En este caso, el anuncio del Gobierno se realizó de manera unilateral, sin que la Ciudad estuviese al tanto de esa decisión.

La deuda acumulada con Santa Fe nació de otro fallo de la Corte Suprema a favor de las provincias. En noviembre de 2015, el máximo tribunal declaró inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social, aunque el fallo estaba acotado a Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Horas después del anuncio CABA rechazó la decisión de Nación. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo técnico plantearon que Fernández sigue “sin cumplir el fallo de la Corte”.

La diputada nacional María Eugenia Vidal fue una de las voceras que expresó en redes sociales el sentimiento de CABA: “Paguen como ordenó la Corte Suprema, no con bonos, dejen de hacer trampa, eso es justicia”. En otros términos, lo que espera el gobierno porteño es que se transfiera el dinero y no que se pague con títulos de deuda que vencen dentro de 9 años.

El gobierno porteño decidió presentar un escrito ante la Corte denunciando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que el gobierno nacional transfiera los fondos. A la par, se instruyó al procurador general, Gabriel Astarloa, para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de ejecutar la cautelar.

“La Corte resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento. Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”, aseguraron desde el gobierno porteño.

Fernández también confirmó que habrá sesiones extraordinarias para definir el proyecto de coparticipación y resolver la cuestión de fondo. Será a través del Ministerio de Economía que la medida se hará efectiva en los próximos días.

«He instruido a Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22», consignó el Presidente. Una promesa que quedará en tal porque desde la reforma constitucional del ’94 no se pudo avanzar en una nueva ley.

Fuente: Alfil