El gobierno analiza juicio político a la Corte Suprema
El Gobierno evalúa hacer juicio político a la Corte Suprema y a Casación. Desde la Secretaría de Derechos Humanos afirmaron que durante ocho años estuvo paralizada la causa por la Noche del Apagón contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien ya no podrá seguir en el proceso por “problemas de salud mental”, según reportaron el jueves los peritos forenses.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, señaló el viernes que el Gobierno evalúa “hacer juicio político a la Corte Suprema de Justicia y a Casación” por la demora en el accionar ante las causas por la Noche del Apagón contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien no podrá seguir en el proceso por “problemas de salud mental”, según reportaron el jueves los peritos forenses.
Los organismos de derechos humanos Hijos Jujuy y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, rechazaron las demoras del Poder Judicial que permitió la “impunidad biológica” del dueño del Ingenio Ledesma en dos causas por crímenes de lesa humanidad y coincidieron en que se debe avanzar “rápidamente” en el juzgamiento del administrador del ingenio, Alberto Lemos, de 79 años.
“Nuestros peritos, que tienen un respeto muy grande (por la memoria, la verdad y la justicia), dicen que Blaquier está en una situación casi senil con 94 años” y “eso hace que tengamos impunidad biológica de la Justicia“, sostuvo el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.
Pietragalla Corti apuntó contra Casación y la Corte Suprema de Justicia por “dormir” el pedido de revisión del caso Blaquier durante años y afirmó que se evalúa la posibilidad de hacer juicio político a la Corte Suprema de Justicia y a Casación.
En ese sentido, destacó que se trata de “un caso emblemático de la responsabilidad civil y económica con la dictadura”, en el que “no hay ningún tipo de duda que Blaquier tenía un manejo de la energía del pueblo (para llevar a cabo la Noche del Apagón), prestó los camiones de las empresas para que salgan a secuestrar tanto a trabajadores organizados como a militantes políticos”.
En esa línea, denunció que la mujer del actual vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, era parte de una misma fundación junto con la esposa de Blaquier y expresó: “Lo que nos sorprende es cómo Rosenkrantz no se corrió de esta causa”.
“Tenemos un problema estructural de la Justicia argentina”, advirtió el funcionario y señaló que esta Corte “no puede afrontar el trabajo y la calidad que tiene que tener”.
Asimismo, sugirió hacer “un cambio estructural de la Corte Suprema”, porque consideró que hay “una Justicia endeble, que ya perdió credibilidad en la sociedad que está parada en causas importantísimas para nuestra democracia pero que aceleran y dan prioridad a causas vinculadas a situaciones políticas”.
Blaquier está procesado junto al entonces administrador del ingenio, Alberto Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral y Pietragalla Corti afirmó que “la causa va a seguir, va a ser procesado y se va a elevar a juicio”.
La abogada de la querella de Hijos Jujuy, María José Castillo, dijo a Télam que “el Poder Judicial es responsable de que la Argentina no haya cumplido con su obligación internacional de juzgar en tiempo oportuno estos graves crímenes”.
Si bien aclaró que el tribunal oral debe resolver sentencia y dictamen del Cuerpo Médico Forense, “es muy probable que el tribunal siga el dictamen y Blaquier sea apartado por su estado de salud mental” y señaló que “seguramente habrá que hacer las acciones políticas institucionales para develar que aquí hubo una complicidad de Casación y la Corte para que esto suceda”.
Desde Hijos Jujuy solicitaron a la Secretaría de Derechos Humanos un juicio político a Casación y a la Corte Suprema de Justicia para “reparar y que se haga responsable a quienes garantizaron la impunidad biológica de Blaquier”.
Por su parte, Eva Arroyo, referente la organización querellante dijo a Télam que se espera la resolución del tribunal oral sobre Blaquier en febrero, después de la feria judicial y apuntó que “la responsabilidad la tiene el Poder Judicial, que demoró tanto la causa y garantizó la impunidad biológica”.
Arroyo, por su parte, señaló que lograron “una condena social“, porque “hoy (Ledesma) ya no es una empresa pujante”, sino “una empresa vinculada al terrorismo de Estado, a los crímenes de lesa humanidad y el directorio imputado”.
A su vez, Sol Hourcade, abogada y coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS, dijo a Télam que insistieron “en todas las instancias posibles a nivel nacional e internacional por estas demoras“, que “eran inadmisibles y estamos viendo el resultado”.
En ese contexto, señaló que “son consistentes en todas las etapas del proceso, que cuando se tratan de responsabilidades civiles, empresariales y económicos se ven profundizadas”.
Hourcade destacó la importancia de “avanzar rápidamente para juzgar” a Lemos, mientras que Arroyo coincidió y dijo que “tiene que ir rápidamente a juicio porque tiene 79 años”.
Blaquier y Lemos fueron procesados como partícipes necesarios de la Noche del Apagón, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedido entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.
Miembros del Cuerpo Médico Forense y dos peritos de la Secretaría de DD.HH. dictaminaron que “el deterioro cognitivo que presenta el imputado (Blaquier, de 94 años) no le permite afrontar un debate oral”, según se conoció el jueves.
La Secretaría de DD.HH. sostuvo que la causa penal estuvo paralizada durante ocho años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y en la Corte Suprema después.
