Tregua en Rosario¿Cómo hicieron para empezar a salir del infierno de violencia en pocos meses?

Texto de Germán de los Santos

ROSARIO.- Hace un año, en pleno fervor de la campaña electoral, a nadie se le hubiera ocurrido prometer que 12 meses después la cifra de homicidios llegaría a ser tan baja como en agosto pasado, con dos crímenes registrados. Era una profecía que parecía descabellada, que nadie creería. En agosto de 2023 se habían producido 24 asesinatos y 2022 había terminado con un récord de 288 homicidios, lo que llevó a que esta ciudad llegara a índices de criminalidad inéditos -24 cada 100.000 habitantes- que cuadruplicaban el promedio de la Argentina y estaban cercanos a países de América Latina con problemas endémicos de violencia. En los ocho primeros meses de 2024 se produjo una baja abrupta de los homicidios, que descendieron un 65%. Rosario volvió a cierta “normalidad”. Si se mantiene esta proyección, la ciudad terminará con cifras de asesinatos similares a las de 2006, cuando el fenómeno narco, que provocó este espiral de muerte en más de una década, no era un problema de seguridad, ni político, ni tampoco social, a pesar de que varias fuentes de esa prehistoria del crimen organizado calculan que fueron tiempos para “acumular más dinero que muertos”. ¿Cuáles son las causas para que la baja de los crímenes sea tan abrupta? Hace solo siete meses la ciudad se paralizó por cuatro ejecuciones que fueron encargadas a menores de edad. Las víctimas fueron trabajadores elegidos al azar. Fue un episodio inédito: por decisión de sectores del crimen organizado, encabezados por Esteban Alvarado, según apuntaron en el gobierno santafesino, una ciudad de 1,3 millones de habitantes quedó con sus calles desiertas. Nadie se animaba a salir por miedo a morir.

Víctimas por homicidio en Rosario y en la ciudad de Santa Fe

Enero-Agosto (2014-2024)

Fuente: Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe / LA NACION

“Nos lleva puestos a todos” Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, coincidieron en que se trataba de acciones “narcoterroristas”. Fue un quiebre. Apareció otro rasgo pocas veces explorado en el país: a nivel institucional y político no surgieron grietas ni diferencias en el enfoque de que no había margen frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado. “Nos lleva puestos a todos”, repetían los funcionarios. El llamado Operativo Bandera, que incluyó unos 1000 agentes de fuerzas federales, se fortaleció no tanto por el número de efectivos sino porque por primera vez policías y gendarmes dejaron de mirarse con recelo y de ocultarse información. Desde abril de 2014, cuando Sergio Berni, el entonces secretario de Seguridad, desembarcó con más de 3000 gendarmes en Rosario tras el ataque al gobernador socialista Antonio Bonfatti en un año en el que los asesinatos habían llegado a 261, se repitió ante cada crisis un mismo libreto de intervención de fuerzas federales. Esto lograba bajar momentáneamente la violencia, pero luego regresaba pocos meses después por la propia matriz del negocio del narcomenudeo, con decenas de bandas, como Los Monos y Alvarado, entre otras, que disputaban los territorios con balas 9 mm. A partir de principios de marzo, cuando Rosario volvió a sacudirse con los crímenes narco, las fuerzas federales duplicaron su radio de acción y pasaron a patrullar en cuatro zonas calientes. De 12 patrulleros que había en las calles en diciembre, hoy en el gobierno provincial señalan que hay 260 si se suman móviles de la policía y federales. Esa fue una de las claves: volver a tener el control de la calle, remarcaron. En marzo se dio otra postal que marcó la profundidad del problema y mostró también cómo había hecho mella en la política, donde las grietas quedaron al margen: el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió 80 camionetas blindadas a un gobernador radical, que eran conducidas por gendarmes que cumplían órdenes de Bullrich. Los gendarmes se habían quedado sin vehículos a causa de la desinversión en seguridad de la gestión anterior.

Calles en paz
Durante el último fin de semana, en medio de un clima primaveral, los rosarinos salieron a disfrutar de la ciudad
Fotos: Franco Trovato

Aunque no hay cortocircuitos entre las gestiones nacional y provincial en el tema de la seguridad, aparecen distintas maneras de pararse frente al marcado descenso de la violencia en Rosario. La estrategia de Bullrich es focalizarse en el presente, en sintonía con los parámetros de las políticas del gobierno de Javier Milei, que se ajusta al corto plazo. Por eso, la ministra exalta continuamente los resultados positivos del Operativo Bandera en Rosario. En un video promocional, Bullrich se refirió a “un nuevo hito” y remarcó que cuando les tocó asumir la gestión, en diciembre de 2023, “Rosario estaba incendiada” con muertes todos los días y asesinatos “que llegaron a 400 en un año”. Si la ministra se refería a Rosario, nunca los crímenes llegaron a esa cifra. El número más alto de homicidios fue de 288, en 2022. En el gobierno provincial prefieren ser más cautos. El argumento que encuentran tiene cierta lógica: “Si en una semana hay cuatro o cinco homicidios en Rosario, algo que puede pasar, se va a empezar a hablar de que recrudeció la violencia y que todo se fue al demonio”, señalaron. Ese planteo lo mantiene Pullaro desde que las cifras de asesinatos comenzaron a bajar. Controles en las cárceles y dominio de las calles Hasta agosto de 2023, se produjeron 190 asesinatos en Rosario. La mayoría de los crímenes tenían que ver con las luchas territoriales entre las bandas narco. En el mismo período, durante este año, los homicidios bajaron a 66, según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe y Ministerio Público de la Acusación. Los argumentos que se expusieron desde el Estado apuntan a que las medidas de urgencia que se tomaron en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, contribuyeron directamente a bajar los altos niveles de violencia en la ciudad. Hay dos temas claves que, según coincidieron fuentes de gobierno y de la Justicia, fueron prioritarios. Por un lado, los mayores controles en las cárceles, tanto federales como provinciales, a los presos de alto perfil, es decir, a cuadros de relevancia dentro de las organizaciones criminales, como Los Monos y Alvarado, entre otros. Y, por otro lado, la recuperación del dominio de las calles por parte de las fuerzas de seguridad. A fines del año pasado en Rosario había solo 12 patrulleros mientras que ahora, con el refuerzo de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, hay 257, según señaló a LA NACION el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni.

“Se empieza a ver que hay un cambio. Antes cualquiera salía en una moto con una pistola 9 mm, porque sabía que nadie lo iba a detener. Ahora tiene mayores riesgos y para evitar ir preso y que le secuestren el arma sale ‘limpio’. Vemos que las medidas que se tomaron empiezan a calar hondo en las organizaciones criminales, que ven un cambio de época”, consideró el titular de la cartera de Seguridad. “No es menor que haya frente a este tema un discurso unificado entre la Nación, provincia y municipio, sin grietas”, apuntó. La hipótesis de Coccoccioni es compartida por distintos sectores de la Justicia, que investigaron estas organizaciones criminales. “Lo que se puede ver es que hay una reacción de parte de los grupos que mantenían el negocio de la droga en base a la violencia, porque no había un dominio total a nivel territorial. A pesar de las falencias estructurales, la policía y la intervención con agentes federales recuperaron en parte el dominio del Estado en los barrios”, señaló un fiscal que estuvo al frente de las causas más relevantes. La violencia extrema que golpeó a Rosario por más de una década tenía como protagonistas a grupos criminales que se mantuvieron a lo largo del tiempo, como la banda de Los Monos, pero que nunca lograron transformarse en organizaciones más sofisticadas ni consiguieron tejer alianzas internacionales. La mayor fortaleza era la inserción social en determinados sectores marginales, de donde salían los llamados “soldaditos”, jóvenes fuera del sistema, y un uso de la violencia sin control. A partir de que los líderes de estas bandas fueron detenidos o asesinados, junto con los cuadros medios, las cárceles se transformaron en el principal problema, porque el funcionamiento del negocio criminal seguía intacto. Esto se cortó, según la mirada de Pullaro, pero generó reacciones, como la seguidilla de crímenes de marzo pasado. Esta mecánica “narcoterrorista” de irradiar pánico no se repitió, pero nadie descarta en el gobierno provincial que la calma que reina se rompa. “Ahora tenemos otra fortaleza desde el Estado. Si esto recrudece tenemos herramientas para enfrentarlo, que antes no teníamos. Y eso es lo que va a demandar una mayor inversión”, sostuvo Coccoccioni.

Clasificación de homicidios

Departamento Rosario. Enero-Agosto (2023-2024)

Fuente: Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe / LA NACION

Uno de los cambios que ven en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en las estrategias que usaban las bandas radica en la venta de drogas. “El búnker perdió protagonismo frente a los mayores controles. Primero abandonaron el búnker que existió siempre, que era un centro de distribución y venta. Dejaron a chicos, en su mayoría menores, con pocas dosis por si enfrentaban un secuestro de estupefacientes. Después, cerraron el kiosco y pusieron un tranza en la esquina. Y ahora lo que más impera es el delivery”, señaló una alta fuente de la cartera de Seguridad, que recalcó que el objetivo es intervenir en situaciones donde haya violencia. “El tema de la tenencia de droga sin violencia es un problema de salud, no de seguridad”, graficaron. Este año Santa Fe se adhirió a la ley de desfederalización del narcomenudeo, que ahora está bajo la órbita de una unidad del Ministerio Público de la Acusación y de la policía provincial. ¿Un pacto con el crimen organizado? Las explicaciones sobre las causas que influyeron en el descenso de la violencia en Rosario de parte del gobierno nacional y provincial se contraponen a lo que algunos sectores empiezan entretejer: que un pacto logró el milagro. Uno de los que ensaya esta postura es el exministro de Seguridad Marcelo Sain, despedido en marzo de 2021 por el entonces gobernador Omar Perotti. Tomó la misma decisión Aníbal Fernández en octubre de 2022. Lo echó del Ministerio de Seguridad de la Nación cuando fiscales de Santa Fe comenzaron a investigar a Sain por supuesto “espionaje ilegal”, una causa que nunca avanzó ni se terminó de cristalizar en la Justicia. Sain dijo que el pacto era lo que hubiera querido establecer, pero que no contó con respaldo político. El criminólogo Enrique Font, hoy asesor en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, advirtió en diálogo con LA NACION que no descarta “un pacto con el crimen organizado, gestionado por sectores de la policía”. Más allá de esa mirada, que está basada en una percepción, Font consideró: “Habría que ver si en Rosario mejoró el bajo nivel de esclarecimiento de los asesinatos, que era muy malo, y si la implementación del nuevo sistema acusatorio en la justicia federal empezó a fortalecer las investigaciones contra los grupos criminales”. El especialista sostuvo que para la efectividad del supuesto pacto “fue necesaria una política penitenciaria muy dura, que en ocasiones se tradujo en tortura contra los presos”. En este sentifdo, acusó: “Hubo una tortura salvaje, hostigamiento a familiares de los detenidos y allanamientos muy violentos en sus casa, que fueron el disparador de los homicidios que se produjeron en marzo”. Según la interpretación del diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, la baja de los asesinatos se mantiene por acuerdos que “tejen sectores de la policía con los reguladores” del mercado de la droga en los barrios. El legislador planteó esta hipótesis en la reunión de la junta de seguridad provincial, frente al ministro Coccocioni, que lo instó a presentarse en la Justicia, algo que Del Frade hizo. “Dijo de una forma vaga que los homicidios bajaron porque estamos entongados con los delincuentes. No digo que hayan sido las palabras textuales, pero deslizó connivencia. Le indiqué que ponga las cosas sobre la mesa”, apuntó el funcionario. Según Del Frade, los episodios violentos de marzo fueron motorizados por un sector, como el de Esteban Alvarado, que estaba fuera del acuerdo.

Postales del terror
El crimen de un playero formó parte de una dramática seguidilla de violencia en marzo; tras aquella embestida narco, se reforzaron los operativos con más agentes de seguridad en las calles desiertas por el pánico
Fotos: Marcelo Manera

Más allá de las opiniones y las percepciones, la teoría del supuesto pacto parece difícil frente al esquema atomizado del negocio de narcomenudeo en Rosario, donde no hay un grupo que tenga la hegemonía ni que pueda ordenar la masa de “soldaditos” y emprendedores del mundo criminal. “No podés acordar con alguien que no te da garantías de cumplir un pacto”, deslizó un emblemático abogado de una banda criminal en referencia a otro momento: 2015. Ese año, el letrado consiguió un pacto que era tan beneficioso para Ariel Cantero que se terminó por caer. Era un acuerdo de juicio abreviado por el crimen de Diego Demarre, producido durante la violencia desatada a raíz del asesinato de Claudio Pájaro Cantero, en mayo de 2013. Carlos Varela y su equipo habían logrado que al líder de Los Monos le cambiaran la calificación de autor a partícipe, con una condena a ocho años de prisión. Si hubiera prosperado el pacto, Cantero estaría hoy en libertad. Pero ocurrió algo en el medio que provocó que todo se desmoronara. En las PASO de abril de ese año, Miguel del Sel le sacó una ventaja de 145.000 votos a Miguel Lifschitz. El Frente Progresista veía amenazado el poder en medio de un complicado contexto de crímenes y venganzas, que en 2013 llevaron a que se cometieran 261 homicidios. El atentado contra la casa del entonces gobernador Bonfatti también generó un alto impacto. Lifschitz fue uno de los que se oponía a ese acuerdo. Luego, el juez Daniel Acosta, de la Cámara de Apelaciones, terminó de derribar el pacto judicial. Los años que siguieron dieron las respuestas a ese intento fallido. Todo empeoró. En el juicio que se hizo contra Esteban Alvarado en 2022 quedó claro que parte de los policías que perseguían a Los Monos eran empleados del propio jefe narco, que fue condenado a perpetua. Esa propuesta beneficiosa para el líder de Los Monos terminó siendo un bumerán. Los homicidios siguieron en alza y se activaron otras maniobras delictivas, que provocaron mayor terror en la ciudad, como las extorsiones. Hoy se vuelve a hablar de pacto por la abrupta caída de los asesinatos durante estos ocho meses. Es la manera más sencilla de exponer un argumento sin profundizar sobre la manera en que podría gestarse un acuerdo entre el crimen organizado y el Estado, algo que parece imposible de la manera planteada por algunos actores. Es el camino más fácil. Desde hace unas semanas aparece en la escena algo llamativo: es más simple explicar los 280 crímenes de 2022 que la caída de asesinatos actual. Lo que estaba fuera de la regla era que Rosario tuviera cuatro veces más asesinatos que la media nacional. O que en los barrios Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023 se mataran por el control para la venta de drogas en pocas manzanas más de 100 personas. ¿Era factible un negocio criminal donde había un alto riesgo de morir o de ir a la cárcel muchos años por pocas monedas? Se habló en los últimos años, incluso, de un narcotráfico de subsistencia, con actores pobres y marginales que terminaban indefectiblemente en el cementerio o en un pabellón de la cárcel de Piñero. El propio Sain hablaba de “crimen desorganizado” para referirse al perfil de las bandas rosarinas. ¿Cómo acordar la paz con ese ejército de “soldaditos” inorgánicos, que pertenecen a una geografía narco atomizada sin una hegemonía clara de un grupo criminal? El error reside en dar por solucionado y cerrado un problema que afecta a Rosario desde hace dos décadas. Respecto a los orígenes del negocio, varios actores exponen que el pico de la recaudación por la venta de drogas se ubica entre 2005 y 2008, una época en la que los asesinatos no eran un problema político. Esta ciudad tenía en ese entonces un promedio de crímenes similar al de Córdoba, entre 80 y 90 homicidios por año, un poco menos que la proyección de este 2024. Se vendía droga sin matar. Y eso está ocurriendo ahora.

Fuente: La Nación